La reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introducirá a primeros de abril de 2024 la obligatoriedad de recurrir a Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo al acceso a la jurisdicción civil y mercantil. Esta medida busca descongestionar los tribunales y fomentar la resolución extrajudicial de conflictos, pero sus resultados futuros están siendo objeto de un intenso debate.

¿Reducción de carga judicial o incremento de procedimientos?

Contrario a su propósito inicial, la imposición de los MASC podría no reducir la carga judicial, sino incrementarla. Muchos optarían por la conciliación judicial debido a su menor coste económico frente a sistemas privados de mediación o arbitraje, lo que derivaría en un aumento de casos que, de todos modos, terminarían en los tribunales.

Este fenómeno puede vincularse a la «paradoja de Jevons«, donde una mejora en la eficiencia de un sistema incentiva un uso más intensivo del mismo, como lo explica Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero en su análisis.

Preocupaciones sobre la implementación práctica

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ya ha manifestado preocupaciones sobre las lagunas de la reforma. Según los letrados, la falta de transparencia, insuficiencia de recursos y la ausencia de una adecuada coordinación podrían comprometer la efectividad de la ley y poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema judicial.

Un diseño normativo desconectado de la realidad

En lugar de aportar soluciones efectivas, la obligatoriedad de los MASC parece imponer nuevas cargas a ciudadanos y profesionales, sin garantizar los recursos ni la infraestructura necesarios para su éxito. Esto deja al descubierto un diseño normativo que, lejos de ser viable, refleja una desconexión de los legisladores con la realidad del sistema judicial en España.